La iniciativa, que comenzó a ganar espacio en ámbitos académicos y políticos, propone redireccionar los aportes que actualmente realizan los profesionales a colegios y consejos profesionales hacia las universidades públicas argentinas.
Durante décadas, la discusión sobre el financiamiento universitario argentino se instaló como un ciclo repetido: universidades en crisis por presupuestos insuficientes, reclamos por recursos, movilizaciones y debates políticos que regresan una y otra vez al mismo punto.
Sin embargo, una propuesta impulsada por el contador Carlos Vicente Giraudo, integrante de la Fundación Visión y Futuro y exconciliario de la Universidad Nacional de Córdoba, busca irrumpir en esa dinámica con una pregunta que modifica el centro mismo del debate: ¿y si el problema no fuera la falta de dinero, sino hacia dónde está yendo?
La iniciativa, que comenzó a ganar espacio en ámbitos académicos y políticos, propone redireccionar los aportes que actualmente realizan los profesionales a colegios y consejos profesionales hacia las universidades públicas argentinas.
Más que una modificación administrativa o financiera, el planteo intenta introducir un cambio profundo en la relación entre la universidad, el graduado y la sociedad. Giraudo considera que la discusión histórica sobre el financiamiento universitario parte de una mirada incompleta.
A su entender, el sistema continúa funcionando bajo una lógica donde el acceso gratuito a la educación superior parece representar el final de un proceso, cuando debería ser el comienzo de una nueva responsabilidad social. “La gratuidad es el acceso y la responsabilidad es el egreso”, afirmó.
La frase funciona como una síntesis conceptual de la propuesta. La idea parte de una premisa concreta: quienes obtienen un título universitario recibieron una inversión colectiva realizada por toda la ciudadanía y, por lo tanto, existe una responsabilidad posterior de devolver parte de ese capital social al sistema que permitió esa formación.
Giraudo señaló que una persona no se recibe únicamente por mérito individual. Detrás existe una estructura pública sostenida durante años mediante impuestos, infraestructura, docentes y recursos financiados por la sociedad.
En ese marco, sostuvo que cada profesional egresa con una especie de capital inicial que no generó por sí mismo. Para el contador, allí aparece una pregunta central: ¿cómo retorna ese valor a la sociedad?
Recursos bajo la lupa
El aspecto más disruptivo de la propuesta aparece al analizar hacia dónde deberían dirigirse esos recursos. Hoy, millones de profesionales realizan aportes obligatorios a colegios y consejos profesionales para poder ejercer su actividad. Para Giraudo, esa lógica consolidó un sistema que necesita ser revisado.
Según argumentó, las universidades generan el conocimiento y forman al profesional, mientras otras estructuras terminan captando posteriormente los recursos económicos. “Las universidades generan la materia prima y los consejos se llevan el resultado económico-financiero; es decir, terminan saqueando los recursos que no les costó nada obtener”, sostuvo.
Su mirada es especialmente crítica respecto del rol que ocupan actualmente esas instituciones. Consideró que, en muchos casos, funcionan como estructuras burocráticas que administran matrículas y recursos sin haber participado directamente en el proceso de formación académica.
Incluso fue más allá al describirlas como una especie de “aduana” o “mecanismo extorsivo” para el ejercicio profesional, ya que en numerosas ocasiones obligan a los trabajadores a registrarse y tributar en varias provincias de manera simultánea para poder ejercer.
El planteo abre un debate incómodo porque cuestiona un mecanismo instalado desde hace décadas. La propuesta consiste en reemplazar ese esquema por una matrícula estratégica administrada directamente para el fortalecimiento universitario.
Efecto, de acuerdo con los cálculos presentados por Giraudo, Argentina cuenta con aproximadamente cinco millones de profesionales activos en los últimos treinta años, lo que representaría una inyección cercana a los tres billones de pesos anuales para el sistema universitario.
“La proyección económica resulta contundente: si cada uno realizara un aporte mensual promedio de 50 mil pesos, el sistema podría recaudar cerca de tres billones de pesos anuales”, señaló. Remarcó que la cifra adquiere otra dimensión cuando se la compara con las necesidades actuales de las universidades públicas.
Según los datos expuestos por el impulsor de la iniciativa, el déficit planteado por rectores universitarios oscila entre los 2,5 y 2,7 billones de pesos. “No solo alcanzaría para cubrir el déficit existente, sino que incluso podría generarse un excedente destinado a infraestructura, equipamiento, investigación y mejoras académicas”, indicó.
No obstante, Giraudo aclaró que este mecanismo no implicaría reemplazar las obligaciones del Estado. Insistió en que el gobierno nacional debe continuar cumpliendo con la ley de financiamiento educativo y garantizar el sostenimiento del sistema universitario. “La idea es convertirla en una fuente complementaria y sustentable de recursos”, aclaró.
Acompañamiento del ejercicio profesional
Otro de los ejes centrales del proyecto apunta a redefinir la relación entre la universidad y sus egresados. Actualmente, una vez obtenido el título, el vínculo institucional suele debilitarse. La iniciativa contempla transferir funciones vinculadas al seguimiento profesional y al control ético hacia las universidades mediante el fortalecimiento de las Escuelas de Graduados.
“Es paradójico que la universidad te diga que sos profesional, pero no pueda controlar tu ética o regular el ejercicio ilegal de tu profesión”, expresó Giraudo. La propuesta busca que las universidades recuperen un rol permanente en la vida profesional de sus egresados y dejen de ser únicamente espacios de formación inicial.
Bajo ese esquema, el sistema también tendría un funcionamiento progresivo. Giraudo adelantó que los aportes podrían vincularse al nivel de facturación de cada profesional mediante una lógica proporcional: “si un profesional tiene mayores ingresos, realizaría un aporte superior; si sus ingresos disminuyen, el aporte también se ajustaría”, indicó.
UNC
Giraudo precisó que en la provincia de Córdoba existen cerca de 360 mil profesionales egresados activos, cuyo aporte en concepto de matrículas —solo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)— alcanza los 216 mil millones de pesos. Sostuvo que esos recursos podrían destinarse al fortalecimiento del sistema universitario, con mejoras en infraestructura, capacidades técnicas y condiciones académicas de las instituciones que formaron a esos profesionales.
