En medio de un escenario de fuerte debate político y ambiental, la Justicia Federal de Río Gallegos dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de las recientes modificaciones a la Ley de Glaciares 26.639 en la provincia de Santa Cruz
En medio de un escenario de fuerte debate político y ambiental, la Justicia Federal de Río Gallegos dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de las recientes modificaciones a la Ley de Glaciares 26.639 en la provincia de Santa Cruz. La decisión, dada a conocer por el medio La Nación, podría convertirse en un punto de inflexión en la defensa de estos ecosistemas estratégicos.
El fallo surge a partir de un amparo colectivo ambiental impulsado por autoridades de El Calafate y ordena al Estado Nacional abstenerse de ejecutar acciones que puedan afectar glaciares o el ambiente periglacial. El objetivo es claro: evitar daños irreversibles mientras se analiza la constitucionalidad de la reforma recientemente aprobada por el Congreso.
La medida tiene alcance en todo el territorio provincial y bloquea cualquier iniciativa basada en los cambios introducidos a la Ley, especialmente aquellas que podrían habilitar actividades hoy restringidas. Entre los principales cuestionamientos se encuentra la posible reducción de áreas protegidas, lo que implicaría —según los demandantes— una regresión en los estándares ambientales vigentes.
También se pone en discusión la transferencia de facultades hacia las provincias en materia de regulación. Este punto genera preocupación en sectores ambientales, ya que podría debilitar el sistema de presupuestos mínimos establecido por la Constitución Nacional y abrir la puerta a criterios desiguales según intereses económicos locales.
Glaciares en disputa: entre desarrollo y protección
El fallo retoma principios fundamentales del derecho ambiental como el precautorio, la progresividad y la no regresión. En este marco, la Justicia prioriza prevenir el daño antes que repararlo, especialmente en ecosistemas vulnerables cuya recuperación puede ser imposible.
Los glaciares cumplen un rol esencial: son reservas estratégicas de agua dulce y reguladores naturales del clima. Su entorno periglacial, además, actúa como una zona clave en el equilibrio ecológico. En un contexto de cambio climático, su protección adquiere aún mayor relevancia.
La Ley de Glaciares 26.639 fue concebida justamente para resguardar estos territorios, prohibiendo actividades como la minería en zonas sensibles y promoviendo el monitoreo a través de inventarios nacionales. Las reformas recientes, sin embargo, encendieron alertas al plantear posibles flexibilizaciones en favor del desarrollo productivo.
Aunque la cautelar no resuelve la cuestión de fondo, sí establece un precedente importante. Podría derivar en nuevas acciones judiciales en otras provincias con presencia de glaciares, como Mendoza o San Juan, donde el debate entre economía y ambiente es especialmente intenso.
En este contexto, el fallo de la Justicia Federal de Río Gallegos no solo frena una reforma puntual, sino que reabre una discusión de fondo: qué modelo de desarrollo quiere consolidar Argentina. La respuesta, en gran medida, definirá el futuro de sus recursos naturales más valiosos y el equilibrio entre crecimiento económico y sostenibilidad.
Por Brigitte Hernández Escalona Grupo Matices / @uncafecitoconbri
