La votación final se dio en un clima de alta conflictividad, con movilizaciones sociales en las inmediaciones del Congreso y cuestionamientos de diversos sectores sobre el alcance de la reforma.
En un contexto de fuerte tensión política, presión social y advertencias de la comunidad científica, el Congreso argentino finalmente aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, una de las normas ambientales más relevantes del país. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, introduce modificaciones sobre la histórica Ley N.º 26.639, sancionada en 2010 para proteger glaciares y ambientes periglaciales como reservas estratégicas de agua.
La aprobación se concretó tras semanas de debate parlamentario y audiencias públicas en la Cámara de Diputados, donde el proyecto (Expte. 0072–S-2025) ya contaba con media sanción del Senado. La votación final se dio en un clima de alta conflictividad, con movilizaciones sociales en las inmediaciones del Congreso y cuestionamientos de diversos sectores sobre el alcance de la reforma.
Advertencias científicas ignoradas
Previo a la sanción, especialistas en glaciología de distintos países habían enviado una carta al Congreso alertando que la modificación de la ley podía debilitar un instrumento considerado pionero a nivel global. Los científicos advirtieron que reducir los niveles de protección podría agravar la crisis hídrica en Argentina, especialmente en un escenario donde los glaciares atraviesan uno de los períodos de mayor retroceso registrado.
Según datos recientes de organismos internacionales, el derretimiento de glaciares contribuye actualmente a cerca del 21% del aumento del nivel del mar. En Argentina, estos ecosistemas abastecen de agua a más de 7 millones de personas, lo que amplifica la preocupación sobre los efectos de la nueva normativa.
El proceso legislativo incluyó audiencias públicas que marcaron un récord histórico: más de 100.000 personas se inscribieron para participar. Sin embargo, menos del 1% logró exponer, lo que generó críticas por parte de organizaciones sociales y ambientales, que denunciaron una participación limitada y poco representativa.
Diversos sectores señalaron posibles incumplimientos de la Ley General del Ambiente y del Acuerdo de Escazú, que establece estándares de acceso a la información y participación ciudadana en temas ambientales.
Un debate atravesado por intereses contrapuestos
Durante las audiencias participaron actores con posiciones divergentes: desde organizaciones como Greenpeace Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales, hasta representantes del sector minero, sindicatos y organismos públicos.
Desde el ámbito ambiental, una de las principales alertas estuvo centrada en el impacto sobre el sistema hídrico. Especialistas señalaron que los glaciares y ambientes periglaciales alimentan 36 cuencas hídricas clave, pese a ocupar apenas el 0,21% del territorio continental.
Por su parte, referentes legales y científicos advirtieron que la flexibilización normativa podría habilitar actividades extractivas en zonas sensibles. En particular, se mencionó el riesgo de expansión de la minería de alto impacto, que utiliza explosivos y puede generar daños irreversibles en ecosistemas de montaña.
## Escenario abierto y posible judicialización Tras la aprobación, organizaciones ambientales y sectores de la sociedad civil ya anticipan posibles acciones judiciales para frenar la aplicación de la reforma. Argumentan que la nueva normativa podría vulnerar principios ambientales básicos, como el de no regresión.
El debate por la Ley de Glaciares, lejos de cerrarse con su sanción, abre una nueva etapa de disputa que pone en juego no solo la protección de estos ecosistemas, sino también el modelo de desarrollo, el acceso al agua y el cumplimiento de compromisos ambientales internacionales en Argentina.
Brigitte Hernández Escalona Grupo Matices / @uncafecitoconbri
